La violencia que azota a Haití ha sobrepasado los límites de Puerto Príncipe y se ha extendido a otras regiones del país, como Artibonito, donde recientemente se reportó una masacre que dejó al menos 50 personas muertas. El ataque ocurrió el viernes 23 de mayo en la comunidad de Preval, ubicada a unos 100 kilómetros al noroeste de la capital.

Según información de organismos locales y agencias internacionales, hombres armados ingresaron al poblado con la intención de vengar la muerte de un líder criminal. Durante la incursión, numerosas viviendas fueron incendiadas y los atacantes decapitaron e incineraron a varios habitantes.

Un testigo presencial declaró a la agencia EFE que aún es casi imposible acceder al lugar de los hechos debido al control que ejercen las bandas en la zona. Catorce de los cuerpos fueron encontrados mutilados y quemados. Las autoridades identificaron a los agresores como miembros de la Coalición de Autodefensa, un grupo que desde hace dos años mantiene una confrontación directa con Gran Grif, considerada la pandilla más poderosa del departamento.

Este no es el primer hecho violento en la región. En septiembre de 2024, una masacre similar tuvo lugar en Pont Sondé, donde Gran Grif asesinó a 70 personas, entre ellas mujeres y niños. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha catalogado a esta organización como terrorista debido a la magnitud de sus crímenes.

Aunque las estadísticas más alarmantes siguen registrándose en la capital —donde se estima que 5.600 personas fueron asesinadas solo en 2024—, expertos advierten que el foco del conflicto se ha desplazado. Departamentos como Artibonito, Plateau Central y Leogane también enfrentan una crisis crítica. Según el investigador Diego Da Rin, los grupos armados han expandido su presencia para controlar nuevas fuentes de ingresos como el narcotráfico, el tráfico de armas y la extorsión.

Artibonito, por su riqueza agrícola, es una zona estratégica. De allí proviene el 50% de la producción nacional de arroz. Dos importantes ríos —el Estere y el Artibonito— irrigan sus tierras fértiles. Pero esa misma riqueza ha sido motivo de conflictos históricos. Ya en la década de 1950, disputas por el uso del agua entre campesinos provocaron decenas de muertes durante más de 40 años. Aunque una reforma agraria en 1996 logró calmar parte de las tensiones, la violencia ha persistido en formas diferentes.

Actualmente, al menos 20 grupos armados operan en la región. Gran Grif es el que controla mayor territorio y, según la ONU, es responsable de cerca del 80% de las muertes civiles en Artibonito desde 2022. También ha atacado instalaciones policiales y fuerzas internacionales, como el operativo de febrero de 2025 en el que murió un oficial keniano de la misión de apoyo de la ONU.

Ambas partes —pandillas y grupos de autodefensa— han sido acusadas de delitos graves como secuestros, extorsión, violencia sexual, saqueos y sabotajes a los sistemas de irrigación. También han tomado el control de la carretera nacional número 1, imponiendo peajes ilegales y utilizando la vía como corredor para sus actividades ilícitas.

Como resultado de la violencia, más de 3.000 personas han sido asesinadas en los últimos dos años solo en esta región. Además, se estima que 30.000 personas han huido de sus hogares, muchas hacia la República Dominicana. El desplazamiento ha reducido las zonas de cultivo y ha generado condiciones propicias para la hambruna, especialmente en el sur de Artibonito.

Pero esta situación no es exclusiva del norte del país. Recientemente, la ciudad de Mirebalais, en Plateau Central, fue escenario de una espectacular fuga de presos tras un ataque de la coalición de pandillas G-9. Más de 500 reclusos escaparon del centro penitenciario, en un claro intento de las bandas por debilitar al gobierno. Esta ciudad es clave por su ubicación entre las principales rutas nacionales.

En el sur, Leogane también enfrenta una escalada de violencia. Esta localidad, tristemente recordada como epicentro del terremoto de 2010, ahora acoge a miles de desplazados, lo que ha generado nuevas tensiones sociales en medio de la presencia creciente de bandas armadas.

Frente a este panorama, los analistas coinciden en que la solución al conflicto haitiano debe ser política. La falta de una estrategia nacional de seguridad ha permitido que las pandillas se fortalezcan y se organicen sin resistencia efectiva. Las unidades kenianas desplegadas por la ONU son, por ahora, la única fuerza que actúa con cierto nivel de eficacia. Sin embargo, los esfuerzos locales están descoordinados y temas como el control de armas o el narcotráfico han quedado rezagados.

Fritz Alphonse Jean, presidente del consejo de transición que gobierna Haití tras el asesinato de Jovenel Moïse, ha afirmado que el país se encuentra en un estado de guerra. Su administración ha priorizado el aumento del presupuesto en seguridad y la incorporación de más de 3.000 nuevos efectivos para enfrentar a las bandas. La gran pregunta que queda es si estas medidas serán suficientes para frenar el colapso institucional que avanza a gran velocidad en Haití.