La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala ha emitido órdenes de captura y solicitado la extradición de Iván Velásquez, actual embajador de Colombia en el Vaticano, y Luz Adriana Camargo, fiscal general de Colombia. Ambos fueron altos funcionarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo respaldado por la ONU que operó en el país entre 2007 y 2019. La FECI los acusa de asociación ilícita, obstrucción a la justicia, tráfico de influencias y colusión, en relación con negociaciones irregulares con la constructora brasileña Odebrecht.

Según la FECI, Velásquez y Camargo habrían facilitado acuerdos judiciales con Odebrecht sin base legal en el sistema guatemalteco, lo que habría causado un perjuicio económico al Estado de aproximadamente 3.000 millones de quetzales (unos 390 millones de dólares). La acusación se centra en una carretera de 140 kilómetros que, aunque se pagó parcialmente con fondos públicos por unos 255 millones de dólares, nunca fue construida. La FECI afirma contar con entre 3.000 y 4.000 pruebas, incluyendo correos electrónicos, grabaciones y testimonios.

La solicitud de extradición ha generado una fuerte reacción internacional. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, han rechazado las órdenes de captura, considerándolas arbitrarias y violatorias de acuerdos internacionales. Ambos líderes han expresado su apoyo a Velásquez y Camargo, destacando su lucha contra la corrupción en Guatemala. Organizaciones internacionales como la ONU, la Unión Europea y Human Rights Watch han expresado preocupación por lo que consideran una persecución política contra funcionarios que trabajaron en la lucha contra la impunidad.

Este caso pone de relieve la persistente tensión en Guatemala entre el actual gobierno y el Ministerio Público, que aún está influenciado por fiscales afines al anterior presidente Alejandro Giammattei. Desde el cierre de la CICIG en 2019, el sistema judicial guatemalteco ha enfrentado críticas por la supuesta cooptación de la justicia y la criminalización de operadores judiciales comprometidos con la lucha contra la corrupción.

La situación continúa evolucionando y se espera que tenga implicaciones significativas en las relaciones diplomáticas entre Guatemala y Colombia, así como en la percepción internacional sobre el compromiso de Guatemala con la justicia y la lucha contra la corrupción.