A cuatro años del inicio de la invasión a gran escala en Ucrania, Rusia continúa obteniendo miles de millones de dólares gracias a sus exportaciones de combustibles fósiles. A pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, los ingresos energéticos del Kremlin no solo se han mantenido, sino que han superado con creces la ayuda enviada a Ucrania por sus aliados.

Desde febrero de 2022, Rusia ha recaudado más de 973.000 millones de dólares por la venta de petróleo, gas y carbón. De esa cifra, 258.000 millones provienen irónicamente de los propios países que han impuesto sanciones. La Unión Europea encabeza esa lista, con 237.000 millones derivados de importaciones que, aunque reducidas, continuaron por gasoducto hasta que Ucrania cortó el suministro a comienzos de 2025. Incluso hoy, el crudo ruso sigue llegando a países como Hungría y Eslovaquia, mientras que el gas continúa entrando a Europa a través de Turquía.

Aunque los gobiernos occidentales han intentado frenar esta dependencia, los resultados han sido modestos. En 2024, los ingresos de Rusia por exportaciones de combustibles fósiles cayeron apenas un 5% respecto al año anterior. Peor aún: sus ingresos por gas aumentaron un 9%, y los derivados del crudo subieron un 6%. Para Rusia, estas ventas siguen siendo vitales, representando casi un tercio de los ingresos del Estado y más del 60% de sus exportaciones totales.

Uno de los mecanismos más cuestionados por los expertos es el llamado “tecnicismo de refinación”. Aunque muchos países han prohibido la compra directa de petróleo ruso, parte de ese crudo es procesado en refinerías ubicadas en terceros países como Turquía e India, para luego ser vendido como producto refinado a naciones sancionadoras. Según el Centro de Investigación en Energía y Aire Limpio (CREA), al menos 69.000 millones de dólares en crudo ruso han sido “lavados” de esta forma. Legal, pero éticamente cuestionable.

Al interior de la Unión Europea, la alta representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, ha admitido que no se han impuesto las sanciones más duras al petróleo y gas rusos. La razón: el temor de algunos Estados miembro a una escalada del conflicto y la necesidad de mantener precios bajos de energía a corto plazo. Esta contradicción, señalan los activistas, debilita los esfuerzos por aislar financieramente a Rusia.

Desde la organización Global Witness, Mai Rosner advierte que el miedo a la inestabilidad energética ha frenado decisiones más firmes. “No hay un deseo real de cortar los ingresos petroleros de Rusia, porque se teme el impacto en los mercados globales”, explica. El analista Vaibhav Raghunandan agrega que todos los actores son conscientes de la situación, pero pocos están dispuestos a actuar.

Incluso propuestas como la de Donald Trump, quien sostiene que si la OPEP baja los precios del petróleo la guerra se detendría, han sido ridiculizadas por expertos. Vladimir Milov, ex viceministro de Energía ruso y ahora opositor al Kremlin, señala que una medida así afectaría más a la industria estadounidense del petróleo de esquisto que al propio Putin. Rusia, de hecho, tiene costos de producción mucho más bajos que la mayoría de países de la OPEP.

Ante esta realidad, tanto activistas como exfuncionarios coinciden en que hay medidas concretas que podrían tomarse de inmediato: prohibir completamente las importaciones de gas natural licuado (GNL) ruso a Europa, y eliminar las lagunas legales que permiten el “tecnicismo de refinación”. Para el CREA, cortar el GNL ruso sería un golpe duro para Moscú, ya que la mitad de esas exportaciones va a la UE, pero apenas representa el 5% del consumo europeo.

Rosner lo resume así: “Estamos en una situación en la que financiamos al agresor y también a la resistencia. Esta dependencia de los combustibles fósiles nos deja atrapados entre los intereses económicos y los principios éticos”.