La detención de Ruth López, reconocida defensora de derechos humanos y directora de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de la organización Cristosal, ha encendido las alarmas dentro y fuera de El Salvador. Su caso, marcado por acusaciones de corrupción y una fuerte carga política, es visto por organizaciones internacionales como un ejemplo más de la creciente represión contra voces críticas en el país.

López fue arrestada el pasado 18 de mayo en su domicilio, sin acceso inmediato a su defensa legal y bajo un proceso judicial declarado en secreto por orden de la Fiscalía General, institución actualmente alineada con el gobierno del presidente Nayib Bukele. El martes 4 de junio, el Juzgado de Paz 12° de San Salvador dictó prisión preventiva en su contra por presunto peculado, relacionado con su trabajo como asesora en el Tribunal Supremo Electoral durante el periodo del expresidente Salvador Sánchez Cerén.

A su salida del juzgado, López negó rotundamente las acusaciones. “Soy inocente y una presa política”, declaró ante cámaras, rodeada de un fuerte despliegue policial. “Mis acusaciones están relacionadas con mi labor jurídica, por denunciar la corrupción del actual gobierno”, afirmó.

La jurista, reconocida por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo en 2024, lideró desde Cristosal investigaciones sobre el uso indebido de fondos públicos, el espionaje a periodistas y activistas, y la falta de transparencia en contratos estatales durante la pandemia. Para la organización, su detención es un acto de represión política.

Un perfil marcado por la justicia y el exilio

Nacida en San Salvador en 1977, Ruth López pasó gran parte de su vida fuera del país debido al conflicto armado. Creció entre Nicaragua y Cuba, donde se formó como abogada en la Universidad de La Habana. Regresó a El Salvador en 2008, especializándose en derecho electoral, comercial y derechos humanos.

Durante más de una década trabajó en instituciones públicas, incluyendo el Tribunal Supremo Electoral y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. A la par, ha sido docente universitaria y consultora en temas jurídicos, además de una crítica constante del abuso de poder y la opacidad gubernamental.

Reacciones dentro y fuera del país

La captura de López ha provocado una ola de reacciones. Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la CIDH y congresistas estadounidenses han expresado su preocupación, denunciando un patrón de criminalización contra activistas y periodistas. Cristosal, por su parte, ha calificado el arresto como un intento por silenciar a quienes exigen rendición de cuentas al poder.

En el mismo periodo, el gobierno ha promovido una controvertida “ley de agentes extranjeros”, que impone restricciones y obligaciones tributarias a organizaciones independientes, mientras otros activistas, como Alejandro Henríquez, también han sido detenidos por motivos políticos.

Además, tres periodistas de El Faro abandonaron el país recientemente ante la amenaza de posibles órdenes de captura. El medio ha advertido que se trata del “asalto más frontal contra la prensa libre desde la llegada de Bukele al poder en 2019”.

El trasfondo político

El arresto de López ocurre en un momento en que, a pesar de su altísima popularidad gracias a su política de mano dura contra las pandillas, el gobierno de Bukele enfrenta crecientes críticas por autoritarismo. Diversas encuestas señalan una leve disminución en el respaldo popular, mientras expertos advierten sobre el cierre del espacio cívico y el debilitamiento de las instituciones democráticas.

A pocos días de la detención de López, el comisionado presidencial de Derechos Humanos, Andrés Guzmán Caballero, presentó su renuncia sin ofrecer razones claras, alimentando aún más las sospechas sobre las divisiones internas y el rumbo del gobierno.

Para muchos, la detención de Ruth López simboliza no solo la vulnerabilidad de quienes desafían al poder, sino también el retroceso de las libertades civiles en El Salvador.