En diversas ciudades de Estados Unidos, las imágenes de agentes enmascarados deteniendo a inmigrantes sin identificación oficial ni explicaciones legales se han vuelto cada vez más comunes. Esta táctica, empleada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha generado un intenso debate público y fuertes críticas por parte de líderes políticos, defensores de los derechos civiles y ciudadanos preocupados.

Los operativos —que se han intensificado bajo la administración de Donald Trump, en su intento por cumplir la promesa de una “deportación histórica”— se han registrado en urbes como Nueva York, Boston, Washington D.C. y San Diego. Testimonios y videos difundidos en redes sociales muestran cómo los agentes, sin uniforme ni placas visibles, arrestan a personas en plena vía pública o a las puertas de tribunales de inmigración, generando escenas de miedo y confusión.

Uno de los casos más impactantes ocurrió el 25 de marzo en Massachusetts, cuando la estudiante turca Rümeysa Öztürk fue detenida por oficiales encapuchados y retenida por seis semanas, hasta que un juez ordenó su liberación por falta de pruebas. En otro incidente, un joven venezolano fue arrestado en pleno proceso legal para solicitar asilo. Y en Boston, Daniel Flores-Martínez fue detenido frente a su familia tras ser interceptado violentamente por agentes que rompieron el vidrio del vehículo en el que viajaba con sus hijos.

El método ha sido comparado por algunos políticos con tácticas represivas de regímenes autoritarios. El congresista demócrata Dan Goldman lo calificó como una práctica “propia de la Gestapo”, mientras que el concejal de San Diego, Sean Elo-Rivera, lo tachó de “terrorismo de Estado”.

Desde ICE, el director interino Todd Lyons defendió el uso de máscaras, argumentando que es una medida de protección para los agentes y sus familias ante posibles represalias. “No voy a arriesgar la seguridad de mi personal porque a algunos no les gusta cómo se hacen cumplir las leyes migratorias”, declaró.

Sin embargo, organizaciones como la Asociación de Abogados por los Derechos Civiles han denunciado lo que consideran una “escalada inconstitucional”. Han presentado quejas formales señalando que estas detenciones, realizadas sin orden judicial ni identificación clara, vulneran principios básicos del debido proceso.

El clima de tensión también se ha trasladado a las calles. En San Diego, una redada en un restaurante provocó la indignación de clientes y vecinos. Y en Los Ángeles, protestas masivas estallaron tras varias detenciones realizadas con métodos similares.

A nivel federal, el promedio diario de arrestos por parte de ICE ha aumentado a 1.600, muy por encima de los niveles registrados durante los últimos meses de la presidencia de Joe Biden. No obstante, la cifra sigue lejos de la meta de 3.000 diarias, propuesta por Stephen Miller, asesor cercano a Trump y figura clave en su política migratoria.

Frente a esta situación, el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció que llevará al gobierno federal ante los tribunales por la reciente movilización de la Guardia Nacional en su estado. “Trump está utilizando recursos federales para intimidar y perseguir, no para proteger. Lo enfrentaremos legalmente”, afirmó.

Mientras tanto, crece la preocupación por el rumbo de las políticas migratorias y por el impacto de las redadas en comunidades vulnerables, que denuncian vivir en un estado de miedo constante y sin garantías legales.