La Corte Suprema de Estados Unidos ha autorizado al gobierno del presidente Donald Trump a reactivar las deportaciones exprés de migrantes hacia terceros países, una medida que había sido suspendida por un juez federal y que ahora recibe el visto bueno del máximo tribunal del país.

El caso se originó tras una orden del juez Brian Murphy, en Boston, quien había bloqueado estas deportaciones al considerar que los migrantes tienen derecho a ser informados sobre su destino y a demostrar si enfrentan riesgos de tortura o muerte en los países de destino. Sin embargo, el gobierno desafió esa orden y envió a ocho migrantes —provenientes de Myanmar, Sudán del Sur, Cuba, México, Laos y Vietnam— en un vuelo presuntamente hacia Sudán del Sur, un país marcado por la violencia y en el que la mayoría nunca había estado. El avión terminó aterrizando en Yibuti, donde los migrantes permanecen detenidos en una base militar estadounidense.

Aunque la medida judicial beneficiaba a un grupo amplio de migrantes, la atención pública se ha centrado en estos ocho hombres, que la administración Trump ha descrito como “lo peor de lo peor”. No obstante, sus abogados aseguran que varios de ellos no tienen antecedentes penales.

Con una decisión breve y sin argumentación escrita, la mayoría conservadora de la Corte Suprema suspendió temporalmente la orden del juez Murphy. Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson votaron en contra y calificaron la decisión de “abuso grave”, señalando que se está priorizando la posibilidad de un error judicial por encima del riesgo real de exponer a personas a la violencia.

El Departamento de Seguridad Nacional celebró el fallo, calificándolo como “una victoria para la seguridad del pueblo estadounidense”. “¡Que se enciendan los aviones de deportación!”, declaró su portavoz, Tricia McLaughlin.

Por su parte, la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración, que representa a los migrantes, tildó la decisión de “horrenda”. Su directora, Trina Realmuto, advirtió que los afectados corren peligro de sufrir tortura o incluso morir si son expulsados.

Tras el fallo, los abogados han solicitado al juez Murphy que mantenga la protección para sus clientes. Por el momento, los migrantes retenidos en Yibuti no serán deportados de inmediato, gracias a una orden previa que sigue vigente.