Organizaciones de derechos humanos y periodistas denuncian una creciente persecución judicial y censura, mientras el presidente salvadoreño reafirma su poder con alto respaldo popular y una estrecha relación con Donald Trump.

En El Salvador, la represión contra abogados, periodistas y defensores de derechos humanos que han expresado críticas hacia el gobierno del presidente Nayib Bukele ha intensificado en las últimas semanas. La detención del abogado constitucionalista Enrique Anaya, acusado de lavado de dinero, y la de Ruth Eleonora López, experta en anticorrupción, forman parte de una serie de acciones legales que diversas organizaciones interpretan como represalias políticas.

Ambos juristas han cuestionado abiertamente la legalidad del segundo mandato de Bukele y denunciado irregularidades en su administración. Las detenciones se producen en el marco del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, el cual ha sido prorrogado en 38 ocasiones y permite al Ejecutivo suspender varias garantías constitucionales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras entidades internacionales han expresado preocupación por lo que consideran un uso indebido del derecho penal para intimidar a críticos del régimen. Además, al menos 40 periodistas han abandonado el país recientemente alegando amenazas, hostigamiento y temor a detenciones arbitrarias.

Uno de los casos más emblemáticos es el del equipo del medio digital El Faro, que salió del país tras publicar una investigación sobre supuestas negociaciones entre el gobierno y pandillas. Su editor jefe, Óscar Martínez, denunció en redes sociales que existía un plan para arrestarlos a su regreso.

A esta coyuntura se suma la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, impulsada por el oficialismo, que impone a organizaciones con financiamiento internacional un registro obligatorio y un impuesto del 30 % sobre cada transacción externa. Diversas ONGs temen que esta legislación sirva para asfixiar económicamente a quienes cuestionan al gobierno o denuncian violaciones de derechos.

Analistas apuntan a que este endurecimiento de las medidas represivas está relacionado con el fortalecimiento de la relación entre Bukele y el expresidente estadounidense Donald Trump. Mientras la administración de Joe Biden adoptó una postura crítica, Trump ha elogiado abiertamente a Bukele, a quien considera un aliado estratégico en su política migratoria. En marzo, ambos gobiernos coordinaron el traslado de más de 200 venezolanos deportados directamente a la megacárcel del Cecot.

Pese a las críticas internacionales, el mandatario salvadoreño mantiene una popularidad notable. Según encuestas recientes del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), Bukele cuenta con una calificación promedio de 8.15 sobre 10. Sin embargo, la misma encuesta revela que cerca del 58 % de los ciudadanos cree que es probable sufrir consecuencias por criticar al gobierno, y más del 70 % respaldaría un eventual tercer mandato presidencial.

Durante su discurso ante la Asamblea Legislativa el pasado 1 de junio, Bukele afirmó: “Me tiene sin cuidado que me llamen dictador”, y arremetió contra medios de comunicación y organizaciones que, según él, buscan impunidad bajo el pretexto de la defensa de los derechos humanos.

Mientras tanto, decenas de profesionales han optado por el exilio, y otros continúan trabajando bajo protocolos de seguridad. La incertidumbre crece entre quienes aún denuncian irregularidades desde dentro del país, temiendo ser los próximos en enfrentar procesos judiciales o medidas punitivas.