Tras la reciente escalada bélica con Israel, Irán ha intensificado su campaña de seguridad interna, con más de 700 arrestos y al menos seis ejecuciones de personas acusadas de colaborar con servicios de inteligencia extranjeros, principalmente con el Mossad israelí.

Las autoridades iraníes aseguran haber detectado una infiltración sin precedentes de espías dentro de sus estructuras de seguridad, lo que habría permitido a Israel llevar a cabo ataques selectivos contra figuras clave del país, incluidos comandantes de la Guardia Revolucionaria y científicos nucleares.

En respuesta, Teherán ha emprendido una ofensiva contra supuestas redes de espionaje. Desde el 13 de junio, fecha del inicio de la ofensiva israelí, las agencias de inteligencia iraníes han llevado a cabo arrestos masivos, mientras que la televisión estatal ha difundido confesiones de algunos detenidos, acusándolos de colaborar con agencias como el Mossad, la CIA y el MI6.

Aunque el gobierno sostiene que estas medidas son cruciales para proteger la seguridad nacional, organizaciones de derechos humanos advierten que muchas de estas detenciones podrían tener motivaciones políticas. Hay inquietud por el uso de confesiones forzadas, juicios sumarios y la aplicación de la pena de muerte bajo cargos de “enemistad contra Dios” o “moharebeh”, delitos capitales en la legislación iraní.

En medio de esta represión, también se ha denunciado un aumento en la persecución a periodistas y medios persas en el extranjero. Medios como BBC Persa, Iran International y Manoto TV han informado sobre amenazas y arrestos de familiares de sus trabajadores dentro de Irán. En al menos un caso, los agentes de seguridad exigieron la renuncia de una presentadora mediante presiones directas a sus padres.

Asimismo, activistas, artistas, escritores y personas relacionadas con las protestas de 2022 han sido blanco de detenciones, muchas veces sin cargos formales. Esto apunta a una campaña de represión más amplia que va más allá del espionaje y busca contener cualquier expresión de disidencia.

Durante el conflicto, Irán también impuso severas restricciones al acceso a internet, que en muchas regiones aún persisten. Esta táctica, frecuente en momentos de tensión interna, se ha convertido en una herramienta del Estado para limitar la movilización y el flujo de información.

Analistas comparan esta ola represiva con episodios de la década de 1980, cuando miles de opositores fueron ejecutados durante la guerra Irán-Irak. Organizaciones de derechos humanos temen que el gobierno, debilitado en la escena internacional, recurra nuevamente a medidas extremas para reafirmar su poder dentro del país.