Millones de estadounidenses podrían quedarse sin seguro médico si avanza una propuesta impulsada por el Partido Republicano. Conocida como el “Gran y Hermoso Proyecto de Ley”, esta iniciativa plantea recortes graduales a programas federales como Medicaid, el Obamacare y el seguro médico infantil, lo que en una década podría dejar sin cobertura a unos 11.8 millones de adultos y niños.

El objetivo principal del plan es reducir el gasto público en salud en casi un billón de dólares. Esto representaría un fuerte retroceso para los avances logrados en la última década en cuanto a acceso al seguro médico, en un país donde actualmente más de 78 millones de personas dependen de Medicaid y otros 24 millones están cubiertos por los mercados creados bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio.

Los cambios propuestos incluyen una revisión más estricta y frecuente de los ingresos de quienes reciben estos beneficios. Los estados estarían obligados a comprobar cada seis meses si una persona sigue siendo elegible. Esto podría afectar de manera particular a quienes viven en condiciones inestables, como personas sin hogar, quienes corren el riesgo de perder su cobertura simplemente por no recibir a tiempo las notificaciones del gobierno o por no poder completar el papeleo requerido.

También se prevén complicaciones para las familias con niños. Si los padres deben primas atrasadas, los estados podrían negarles temporalmente la posibilidad de inscribir a sus hijos en el seguro médico infantil. En algunos casos, los menores tendrían que esperar para cambiarse de un seguro privado a Medicaid. Estas medidas anulan protecciones establecidas durante la administración de Joe Biden, que impedían este tipo de bloqueos.

Por otro lado, el proyecto de ley restringe el acceso a cobertura subsidiada para inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo. Además, los estados que ofrecen Medicaid a inmigrantes indocumentados podrían perder financiamiento federal, lo que llevaría a algunos a suspender completamente estos programas. De hecho, California ya anunció una pausa en nuevas inscripciones al Medi-Cal estatal, e Illinois canceló recientemente su cobertura para inmigrantes.

Una de las disposiciones más polémicas del plan es la imposición de un requisito laboral. Todas las personas entre 19 y 64 años tendrían que trabajar, estudiar o realizar labores voluntarias al menos 80 horas al mes para poder acceder a Medicaid, salvo algunas excepciones como discapacidad, embarazo o tener hijos pequeños. Aunque la mayoría de los beneficiarios ya trabajan o estudian, muchos podrían perder el seguro por no poder cumplir con los trámites o demostrar su actividad, especialmente quienes no tienen acceso a internet o tecnología para enviar la documentación. Esto ya ocurrió en Arkansas, donde más de 18.000 personas perdieron su cobertura en pocos meses antes de que la medida fuera suspendida por un juez.

Finalmente, también se dificultará el acceso conjunto a Medicare y Medicaid para personas con discapacidad, al eliminar normas que facilitaban su inscripción automática. Según expertos en salud pública, esto podría dejar fuera a personas vulnerables atrapadas en procesos burocráticos cada vez más complicados.

En resumen, el plan republicano representa un cambio profundo en la política de salud pública en Estados Unidos, con consecuencias que podrían afectar a millones de personas, especialmente a las más pobres, a niños, a inmigrantes y a quienes ya enfrentan obstáculos para acceder a servicios médicos.