Una nueva batalla legal entre los hijos del exdictador chileno Augusto Pinochet ha reavivado un debate que nunca se ha cerrado del todo: ¿de dónde proviene la millonaria fortuna que dejó el general y a quién le corresponde?

Jacqueline Pinochet Hiriarte, la hija menor del fallecido militar que gobernó Chile entre 1973 y 1990, presentó una querella contra su hermano Marco Antonio. Lo acusa de haberse apropiado de forma irregular de varios inmuebles que pertenecían a su padre y que, según afirma, han generado ingresos millonarios solo para él.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago admitió a trámite la denuncia, en la que Jacqueline detalla que Marco Antonio habría recibido más de 160 millones de pesos chilenos (unos 165 mil dólares) solo por el arriendo de una de las propiedades en cuestión. Esta cifra, sostiene, representa apenas una fracción del dinero que el resto de los hermanos ha dejado de percibir.

Pero la pelea familiar va más allá de un conflicto por propiedades. La denuncia también incluye acusaciones de maltrato verbal, amenazas y restricciones de acercamiento. Sin embargo, lo que realmente ha llamado la atención pública es el trasfondo: los bienes de Pinochet, un personaje central en la historia reciente de Chile, aún siguen envueltos en controversias legales, éticas y políticas.

Organizaciones de derechos humanos, sectores políticos y medios han recordado que no se trata de una herencia común. Se trata de bienes acumulados durante una dictadura que dejó más de 40.000 víctimas entre ejecutados, torturados y desaparecidos. Por eso, muchos plantean que esa fortuna debería ser entregada al Estado o utilizada para reparar a las víctimas de la represión.

Una investigación de 2004 destapó que Pinochet había mantenido 125 cuentas secretas en el Banco Riggs de Washington, donde escondía más de 20 millones de dólares. También se reveló que la misma entidad financiera lo ayudó a crear sociedades offshore en las Islas Bahamas usando documentos falsos, lo que permitió a su familia acceder a esos fondos.

Ese mismo año, el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella por fraude al fisco, pero la muerte del dictador en 2006 paralizó el caso. Desde entonces, la justicia ha avanzado lentamente en esclarecer cómo acumuló su fortuna, una pregunta que hoy cobra nueva relevancia con esta querella entre sus hijos.

En el fondo, el caso no solo habla de una disputa familiar. Vuelve a poner sobre la mesa una herencia marcada por el autoritarismo, la corrupción y la impunidad. Una riqueza que, según muchos, no debería pasar de generación en generación sin antes responder a la historia y al país.