Miles de ucranianos se manifestaron esta semana en Kiev y otras ciudades para rechazar una nueva ley que, según críticos, debilita gravemente la independencia de las principales agencias anticorrupción del país. La medida, que ya fue firmada por el presidente Volodymyr Zelenskyy, ha generado la mayor movilización ciudadana contra el gobierno desde el inicio de la invasión rusa en 2022.

Los manifestantes expresaron su preocupación por el futuro de la Oficina Nacional Anticorrupción (ONAU) y de la Oficina del Fiscal Especializado Anticorrupción (OFEA), al quedar ambas bajo el control del fiscal general, una figura designada directamente por el presidente. Organismos civiles y expertos aseguran que esto podría comprometer la autonomía de dichas entidades y obstaculizar investigaciones clave.

Zelenskyy defendió la legislación, argumentando que busca eliminar la supuesta “influencia rusa” en el sistema anticorrupción, aunque no ofreció pruebas claras que respalden esa afirmación. En un mensaje a la nación, sostuvo que algunas investigaciones llevaban años estancadas y que la impunidad debía terminar.

Las agencias afectadas advirtieron previamente que la reforma podría convertirlas en órganos subordinados al poder ejecutivo. La ONAU y la OFEA fueron creadas tras la revolución del Maidán en 2014, como respuesta a la corrupción generalizada del régimen prorruso de Viktor Yanukovych. Desde entonces, se han considerado baluartes en la lucha contra el enriquecimiento ilícito de altos funcionarios.

El ambiente en las protestas estuvo marcado por la frustración. Muchos ciudadanos consideran que el gobierno prioriza la lealtad política por encima de la integridad institucional, en momentos en que el país enfrenta una guerra devastadora. “Si permitimos que los fondos destinados a la defensa terminen en bolsillos equivocados, perdemos la guerra”, advirtió el activista Ihor Lachenkov, una voz influyente en redes sociales.

La reforma también ha despertado preocupaciones entre los aliados occidentales. Transparencia Internacional calificó la ley como un retroceso en la lucha contra la corrupción, mientras que representantes de la Unión Europea advirtieron que podría complicar el proceso de adhesión de Ucrania al bloque. Bruselas ha insistido en que el fortalecimiento del Estado de derecho es un requisito clave para la integración.

Además, la reforma llega en un contexto delicado: hace apenas unas semanas, la ONAU inició una investigación penal contra el entonces viceprimer ministro Oleksii Chernyshov, uno de los casos más relevantes desde la llegada de Zelenskyy al poder. Al mismo tiempo, agentes de la misma agencia fueron arrestados por sospechas de colaborar con Rusia.

En respuesta a las críticas, Zelenskyy prometió presentar un plan de acción para fortalecer el sistema judicial y mantener la confianza de la población. El fiscal general, Ruslan Kravchenko, aseguró que no abusará del nuevo poder que la ley le confiere: “Puedo firmarlo con sangre, si es necesario”.

A pesar de las promesas oficiales, el debate continúa. Para muchos ucranianos, la lucha contra la corrupción sigue siendo tan esencial como la defensa militar frente a Rusia. En un país marcado por años de desconfianza institucional, cada paso en falso se siente como un riesgo para la democracia que tanto se ha defendido.