Un nuevo hecho de violencia estremeció a Ecuador este fin de semana. Un tiroteo ocurrido la madrugada del domingo en una discoteca ubicada en una zona rural del cantón Santa Lucía, en la provincia de Guayas, dejó un saldo de ocho personas fallecidas y tres más con heridas de diversa gravedad, según reportó la Policía Nacional.

El ataque fue perpetrado por varios individuos fuertemente armados que llegaron en motocicletas y camionetas, irrumpiendo en el local nocturno y abriendo fuego contra los asistentes. De acuerdo con las autoridades, siete personas perdieron la vida en el lugar, mientras que una octava víctima murió más tarde en un hospital cercano. Los tres heridos se encuentran estables.

Las víctimas tenían entre 20 y 40 años. Imágenes difundidas en redes sociales y medios locales mostraban escenas desgarradoras, con cuerpos tendidos en el suelo de la discoteca y familiares desconsolados llorando en el lugar.

Este atentado ocurre en un contexto de creciente inseguridad en el país, especialmente en la región costera, donde se han intensificado los enfrentamientos entre grupos criminales. Apenas dos días antes, un ataque a una embarcación en el suroeste del país dejó al menos cuatro muertos y varios desaparecidos, según información proporcionada por familiares de las víctimas.

La provincia de Guayas, junto con El Oro, Manabí y Los Ríos, se encuentra bajo estado de excepción debido al aumento de la violencia relacionada con el narcotráfico y las bandas delictivas. El gobierno mantiene la declaración de conflicto armado interno desde inicios del año pasado.

Ecuador atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes. Solo en el primer semestre de 2025, se han reportado más de 4.600 homicidios, lo que podría convertir a este año en uno de los más violentos en la historia reciente del país. En 2023, ya se había alcanzado una cifra récord de más de 8.000 muertes violentas.

Las autoridades atribuyen esta ola de criminalidad a la lucha territorial entre bandas organizadas vinculadas al narcotráfico internacional, que han convertido a las provincias costeras en puntos clave para el envío de drogas hacia Norteamérica y Europa.