Lyle y Erik Menéndez, quienes cumplen cadena perpetua por el asesinato de sus padres en Beverly Hills hace más de tres décadas, vieron negada nuevamente su solicitud de libertad condicional tras una larga y tensa audiencia celebrada esta semana en California.
Ambos hermanos aún mantienen la esperanza de que el gobernador Gavin Newsom considere el indulto solicitado por sus abogados. Esta medida podría traducirse en una reducción de sentencia o incluso en un perdón, aunque no eliminaría su responsabilidad penal. No obstante, involucrarse en un caso de tan alto perfil podría representar un riesgo político para Newsom, a quien muchos ven como un posible contendiente en las elecciones presidenciales de 2028.
Además del indulto, los Menéndez también han pedido que se reabra su caso tras la aparición de supuestas nuevas evidencias. Aunque un juez evalúa la solicitud, la fiscalía de Los Ángeles ha expresado su firme oposición.
Durante la audiencia de más de 10 horas celebrada el viernes, Lyle Menéndez ofreció un mensaje de remordimiento: “Lamento profundamente lo que fui… el dolor que todos han sufrido. Nunca podré compensarlo”, expresó. Sin embargo, la junta consideró insuficiente su arrepentimiento, en parte debido a reiteradas violaciones dentro de la prisión, como el uso prolongado e ilegal de un teléfono celular.
El comisionado Patrick Reardon puso en duda el valor de las contribuciones positivas de Lyle en prisión, cuestionando si podían contrarrestar años de incumplimientos de las normas, incluyendo el uso no autorizado de un móvil pese a tener acceso a una tableta oficial. Según la junta, el uso de celulares en prisión puede facilitar actividades delictivas como el tráfico de drogas o la intimidación de testigos.
Por su parte, Erik Menéndez compareció virtualmente desde la prisión de San Diego en una audiencia separada. Visiblemente afectado, relató el momento en que él y su hermano dispararon contra sus padres, José y Kitty Menéndez, mientras veían televisión. Admitió haber recargado el arma para seguir disparando a su madre. Los hermanos han sostenido por años que actuaron en defensa propia tras sufrir abuso sexual por parte de su padre.
“Mi único deseo es que mi familia encuentre sanación”, dijo Erik ante la junta. También abordó su conducta antes de los asesinatos, que incluyó robos, y aseguró que su tiempo en prisión le ayudó a construir una “barrera moral”. Aun así, los evaluadores concluyeron que representaría un riesgo “moderado” si fuese liberado.
Pese a los múltiples intentos por obtener una segunda oportunidad, la junta de libertad condicional concluyó que ni Lyle ni Erik Menéndez cumplen aún con los requisitos necesarios para reintegrarse a la sociedad. El impacto del crimen, sumado a las violaciones cometidas en prisión y las dudas sobre su evolución personal, pesaron más que sus muestras de remordimiento y los testimonios a su favor.
Mientras tanto, sus abogados continúan presionando por un nuevo juicio basado en pruebas recientes, y mantienen la esperanza de que el gobernador Gavin Newsom conceda un indulto. Sin embargo, con una posible carrera presidencial en el horizonte, cualquier decisión al respecto podría tener implicaciones políticas delicadas.
A más de tres décadas del crimen que conmocionó a Estados Unidos, la historia de los hermanos Menéndez sigue dividiendo opiniones, siendo vista por algunos como un caso de justicia, y por otros, como una tragedia familiar marcada por el abuso y el silencio.







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