En la primera mitad de 2025, Canadá ha dado un giro significativo a su política migratoria al limitar el ingreso de residentes permanentes, trabajadores temporales y, sobre todo, estudiantes internacionales. Según datos oficiales del Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, el número de residentes permanentes cayó un 19 %, alcanzando 207,650 personas, mientras que los permisos para trabajadores temporales se redujeron en 3.8 %, con un total de 105,195.

La caída más marcada se registró en la llegada de estudiantes extranjeros: apenas 36,417 fueron admitidos entre enero y junio, lo que representa un desplome del 70 % en comparación con el mismo período de 2024. A la par, las solicitudes para estudiar en el país también descendieron, pasando de más de 575,000 en 2023 a poco más de 302,000 este año.

El ajuste responde a la estrategia del Gobierno canadiense para contener la presión sobre la vivienda, los servicios sociales y la infraestructura, problemas que se agravaron en los últimos años debido al rápido crecimiento demográfico. Hasta 2024, Canadá lideraba al G7 en aumento poblacional con un 2.7 % anual, impulsado principalmente por la inmigración.

Entre 2015 y 2024, el país pasó de recibir 300,000 inmigrantes al año a casi medio millón, sin contar los cientos de miles de estudiantes y trabajadores temporales que ingresaban bajo distintos programas. Esa situación llevó incluso al ex primer ministro Justin Trudeau a reconocer que Canadá no estaba en capacidad de sostener ese ritmo migratorio, una presión que contribuyó a su salida del poder a comienzos de 2025.

El nuevo jefe de Gobierno, Mark Carney, ha prometido reducir el peso de los trabajadores temporales del 7 % actual de la población al 5 % en los próximos años. Además, en junio anunció cambios en el sistema de asilo que incrementarán la tasa de inadmisibilidad de solicitudes, endureciendo así el acceso de refugiados.

Con estas medidas, Canadá busca frenar el crecimiento acelerado que durante la última década transformó su panorama demográfico, pero que también puso en jaque su capacidad de respuesta en materia de vivienda y servicios públicos.