El Gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump se encuentra bajo fuerte presión legal tras acumular múltiples demandas de ciudadanos y residentes legales que alegan haber sido detenidos o agredidos en redadas migratorias. Algunas querellas reclaman indemnizaciones de hasta 50 millones de dólares por violaciones a los derechos constitucionales.

Uno de los casos más sonados es el de Leonardo García Venegas, ciudadano estadounidense de origen mexicano, quien fue arrestado en dos ocasiones en Alabama mientras trabajaba en construcciones. A pesar de mostrar su identificación oficial, agentes federales lo esposaron y mantuvieron bajo custodia, lo que su defensa califica como una detención “irrazonable” y contraria a la Cuarta Enmienda.

Otro de los episodios denunciados involucra a Rafie Ollah Shouhed, un empresario de 79 años en Los Ángeles, quien asegura haber sufrido fracturas y un traumatismo craneoencefálico durante una redada en su negocio. El adulto mayor, recién operado del corazón, denuncia que fue lanzado al suelo y trasladado esposado a un centro de detención, donde permaneció 12 horas sin atención médica.

Además, al menos cinco ciudadanos y residentes permanentes presentaron demandas adicionales, entre ellos Cary López Alvarado, quien afirma que su detención durante el embarazo provocó el nacimiento prematuro de su hijo.

Los abogados de los demandantes califican las acciones de los agentes como “brutales” y advierten sobre un uso excesivo de la fuerza. Junto a líderes políticos y activistas, han solicitado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que investigue lo que consideran una práctica sistemática de abusos contra inmigrantes y ciudadanos estadounidenses.