Este sábado, San Juan fue escenario de una multitudinaria protesta frente al Tribunal Federal, donde cientos de personas denunciaron lo que calificaron como políticas autoritarias y racistas del expresidente estadounidense Donald Trump. La manifestación formó parte de una jornada internacional bajo el lema “No Kings” (“No queremos reyes”), que tuvo réplicas en varias ciudades de Estados Unidos y del mundo.

Convocada por una coalición de organizaciones sociales, de derechos humanos y sindicatos, la concentración en Puerto Rico se sumó a protestas simultáneas en urbes como Nueva York, Washington D.C., San Diego, París, Berlín y Roma. En todas ellas, los manifestantes rechazaron lo que consideran un avance del autoritarismo desde la administración republicana.

Con pancartas y consignas como “Ningún ser humano es ilegal” y “Aquí nadie es ilegal”, los participantes en San Juan expresaron su rechazo al racismo estructural y la criminalización de la migración. Las voces de protesta también apuntaron a la militarización del territorio puertorriqueño y su uso como base para políticas federales que afectan directamente a la región.

Mari Mari Narváez, activista de derechos humanos y fundadora de Kilómetro 0, advirtió que las decisiones del gobierno estadounidense tienen consecuencias directas sobre Puerto Rico, especialmente por su condición colonial. “Estamos siendo impactados por políticas de muerte promovidas desde Washington”, aseguró. Además, criticó el papel que cumple la isla en operativos militares y migratorios que afectan a ciudadanos dominicanos y haitianos.

Desde la organización Democracia Socialista, su portavoz Manuel Rodríguez remarcó que aunque las protestas fueron parte de una jornada continental, en Puerto Rico también responden a demandas locales. “Nos movilizamos no solo en solidaridad, sino por nuestra propia realidad. Los migrantes que llegan a este país forman parte de nuestro tejido social”, señaló, al tiempo que denunció la colaboración del gobierno local en detenciones y deportaciones.

Rodríguez también recordó la resistencia histórica del pueblo puertorriqueño frente a la militarización del archipiélago, citando como ejemplo la expulsión de la Marina estadounidense de Vieques y Culebra en 2003.

Diversas organizaciones participaron en la movilización, incluyendo Amnistía Internacional Puerto Rico, la ACLU local, Casa Pueblo, el Colegio de Médicos-Cirujanos, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, entre otros colectivos comprometidos con la justicia social.

Las protestas dejaron en evidencia un creciente malestar social por el estatus político del archipiélago como Estado Libre Asociado a Estados Unidos, una condición que restringe su soberanía en temas clave como defensa, migración y relaciones exteriores. Los manifestantes advirtieron que esta relación desigual contribuye a profundizar la exclusión, el racismo y la represión tanto en Puerto Rico como en el resto del Caribe.