Un escándalo sin precedentes sacude al sistema de salud en Colombia. Un informe oficial presentado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) ante la Corte Constitucional reveló que, entre 2018 y 2023, se facturaron más de 2,3 billones de pesos colombianos por servicios médicos a 471.480 personas ya fallecidas.

El documento, entregado en el marco de la revisión del mecanismo de Unidad de Pago por Capitación (UPC), deja al descubierto una red sistemática de cobros fraudulentos que involucra tanto al régimen subsidiado como al contributivo, impactando la transparencia financiera del sistema en su totalidad.

Uno de los datos más alarmantes del informe es que en algunos casos se reportaron tratamientos médicos hasta 26 años después del fallecimiento del paciente. El año con mayor concentración de facturas irregulares fue 2021, cuando se registraron servicios por un valor de $699.480 millones.

El informe pone en el centro de la polémica a varias de las principales Entidades Promotoras de Salud (EPS) del país, entre ellas:

Sura: 50.404 casos – $684.989 millones Compensar: $418.970 millones Savia Salud: $261.580 millones

Un caso particularmente insólito se relaciona con Coosalud, que habría reportado atención médica para un paciente fallecido 26 años antes del supuesto servicio.

Los procedimientos médicos representan el mayor volumen del fraude, con más de 382.000 registros que suman $1,6 billones, seguidos por hospitalizaciones, exámenes de laboratorio y programas de promoción y prevención.

Según la normativa vigente, las EPS e IPS solo pueden reportar y facturar servicios hasta la fecha oficial de fallecimiento del paciente, y tienen un máximo de cinco días hábiles para reportar el deceso. Sin embargo, el informe revela una omisión masiva en la aplicación de controles y procesos de verificación, lo que ha permitido el desvío de recursos públicos a gran escala.

Entre los registros encontrados:

El 31,2 % de los servicios fueron reportados entre 2 días y 1 mes después del fallecimiento. 4.666 pacientes recibieron atención médica al menos un año después de morir. 1.172 casos fueron facturados más de una década después del deceso. Y 29 casos muestran servicios prestados más de 20 años después de la muerte del beneficiario.

Reacción oficial

El presidente Gustavo Petro calificó la situación como un “hecho de extrema gravedad” y reafirmó la urgencia de una reforma estructural del sistema de salud. “Este hallazgo evidencia la magnitud de la corrupción que puede esconderse tras la falta de vigilancia en el manejo de recursos públicos esenciales”, declaró.

La Corte Constitucional ya tiene en su poder el informe, y lo analiza dentro del proceso de evaluación del modelo de financiación del sistema de salud. Mientras tanto, el país espera respuestas y sanciones frente a uno de los mayores escándalos administrativos de los últimos años.