El Gobierno interino de Perú, encabezado por el presidente José Jeri, decretó este miércoles el estado de emergencia en Lima y el Callao por un periodo de 30 días, en respuesta a la creciente ola de violencia y criminalidad que afecta al país.

La medida autoriza el despliegue del Ejército en apoyo a la Policía Nacional, con el fin de reforzar la seguridad y contener la expansión del crimen organizado. Además, permite la restricción temporal de derechos como la libertad de reunión y la inviolabilidad de domicilio, lo que facilitará allanamientos y operativos en zonas consideradas de alto riesgo. También se prohíbe que dos personas viajen en una misma motocicleta, práctica asociada al sicariato.

Según datos oficiales, las denuncias por extorsión se han disparado en los últimos dos años: de 2.396 casos en 2023 a más de 20.700 en 2024, siendo Lima el epicentro de este repunte delictivo.

En un mensaje dirigido a la nación, el mandatario interino aseguró que su Gobierno ha decidido “pasar de la defensiva a la ofensiva” en la lucha contra la delincuencia.

“La criminalidad ha crecido de manera desmesurada, causando dolor y frenando el progreso del país. Hoy comenzamos a cambiar esa historia”, afirmó Jeri.

Esta decisión representa la primera gran acción del nuevo Ejecutivo, a dos semanas de la destitución de Dina Boluarte, quien fue removida del cargo por el Congreso el pasado 10 de octubre en medio de fuertes cuestionamientos por el aumento de la inseguridad.

Con el estado de emergencia, el Gobierno busca restablecer el orden y recuperar la confianza ciudadana en un contexto marcado por la creciente preocupación ante la violencia urbana y el poder del crimen organizado.