La Policía Civil del estado de Río de Janeiro informó este lunes que más del 95 % de las personas fallecidas durante la reciente megaoperación en la capital fluminense mantenían vínculos comprobados con el Comando Vermelho, una de las principales organizaciones criminales de Brasil.

El balance oficial incluye datos sobre 115 de los 117 civiles muertos identificados por las autoridades, además de cuatro agentes que también perdieron la vida en el operativo. Según el informe, el 54 % de los fallecidos no era originario del estado de Río de Janeiro.

La Secretaría de Seguridad Pública detalló que al menos 97 de los fallecidos contaban con antecedentes criminales relevantes y que 59 tenían órdenes judiciales de detención. Otros 17 no registraban antecedentes, aunque la Policía sostiene que doce de ellos mostraban indicios de participación en el narcotráfico a través de sus redes sociales.

“Esta pequeña fracción de individuos sin antecedentes o sin registros visuales de su relación con facciones criminales no cambia el contexto general. Si no hubieran resistido a la acción policial, habrían sido arrestados”, declaró el secretario de Policía Civil, Felipe Curi, citado en el informe.

El documento también señala que 62 de las víctimas eran procedentes de otros estados brasileños, principalmente Pará (19), Bahía (12), Amazonas (9) y Goiás (9), además de casos provenientes de Ceará, Paraíba, Maranhão, Mato Grosso, Espírito Santo, São Paulo y el Distrito Federal.

La investigación apunta a que líderes de grupos armados de al menos once estados vinculados al Comando Vermelho se encontraban refugiados en comunidades de Río de Janeiro.

“El resultado de esta operación refleja con claridad la situación que venimos denunciando. Fue un golpe contundente contra el crimen organizado. Entre los fallecidos que se enfrentaron a la policía había varios cabecillas criminales”, afirmó el gobernador Cláudio Castro en un comunicado.

El operativo, que desplegó unos 2.500 agentes en los complejos de favelas de Penha y Alemão, tenía como objetivo desmantelar estructuras del Comando Vermelho. Sin embargo, la magnitud de la intervención ha generado controversia dentro y fuera del país, con pedidos de la ONU y de organizaciones de derechos humanos para que se realicen investigaciones independientes.