Los Gobiernos de Estados Unidos y Ecuador alcanzaron un acuerdo para implementar un mecanismo de tercer país seguro que permitirá el “traslado digno” de solicitantes de asilo desde territorio estadounidense hacia Ecuador, donde permanecerán mientras se resuelven sus casos.

Según un documento del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS), el objetivo es asegurar un traslado seguro, ordenado y oportuno de ciudadanos de terceros países que busquen protección internacional frente al retorno a su nación de origen o residencia previa.

El convenio excluye a los menores no acompañados y no contempla pagos entre las partes. El texto aclara que su ejecución dependerá de la disponibilidad de fondos y la capacidad técnica de cada país.

En septiembre, fuentes del Departamento de Estado de EE.UU. y de la Cancillería ecuatoriana ya habían adelantado que trabajaban en un acuerdo de este tipo, también conocido como acuerdo de asilo cooperativo, mediante el cual Ecuador podría recibir hasta 300 solicitantes por año procedentes de Estados Unidos.

El documento, que incluye notas diplomáticas intercambiadas en julio, señala que Quito se compromete a no devolver a ninguna de las personas trasladadas a sus países de origen o residencia anterior hasta que exista una decisión definitiva sobre sus solicitudes.

El pacto —que se prevé sea publicado en el Registro Federal estadounidense el 17 de noviembre— también establece que Ecuador deberá crear un procedimiento para decidir qué ocurrirá con quienes abandonen o no formalicen su solicitud de asilo.

Ambos países acordaron desarrollar procedimientos operativos adicionales, que definirán criterios claros de elegibilidad para los solicitantes a ser transferidos, así como la cooperación bilateral necesaria para poner en marcha el acuerdo.

En septiembre, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sostuvo un encuentro en Quito con el presidente Daniel Noboa y la canciller Gabriela Sommerfeld. En ese momento, Sommerfeld señaló que el mecanismo aplicaría solo a personas de ciertas nacionalidades, sin antecedentes delictivos y en buen estado de salud.

Un acuerdo similar fue firmado en 2019 por el entonces presidente Donald Trump con El Salvador, Honduras y Guatemala, aunque solo llegó a aplicarse el firmado con este último país. El Gobierno del expresidente Joe Biden lo suspendió en 2021 tras críticas de organizaciones de derechos humanos sobre la capacidad limitada de Guatemala para recibir refugiados.