El Gobierno de Transición de Perú, encabezado por el presidente José Jerí, presentó al Congreso una solicitud formal para obtener facultades legislativas extraordinarias en materia de seguridad ciudadana, economía y fortalecimiento institucional. Según explicó el mandatario a través de la red social X, la medida busca reforzar las acciones que ya se ejecutan como parte de la estrategia nacional contra la delincuencia.

Jerí compartió el oficio enviado al titular del Parlamento, Fernando Rospligliosi, en el que se pide dar trámite urgente al proyecto. La petición lleva también la firma del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez.

En declaraciones posteriores a medios locales, el jefe de Estado insistió en la necesidad de que el Congreso acelere el debate, con el fin de aprobar nuevas normas que complementen las políticas de seguridad actualmente en marcha.

Según difundieron medios peruanos, el Ejecutivo aspira a legislar directamente por un periodo de 60 días en tres áreas clave: lucha contra el crimen organizado, reactivación económica y modernización institucional. El Gobierno sostiene que estas medidas permitirán reforzar la capacidad estatal para enfrentar la inseguridad y mejorar la eficacia de las políticas públicas destinadas a la prevención del delito.

En cuanto al ámbito económico, el Ejecutivo alertó sobre riesgos que podrían afectar el crecimiento del país en 2025 y 2026, entre ellos la conflictividad social, el impacto de la inseguridad, factores climáticos adversos y un contexto internacional debilitado por menor demanda externa.

El Gobierno también enfatizó la urgencia de impulsar reformas institucionales para consolidar un Estado más moderno, eficiente y coordinado.

Jerí, quien asumió la presidencia de transición el pasado 10 de octubre tras la destitución de Dina Boluarte, reiteró que su administración tiene tres prioridades fundamentales: combatir la inseguridad, garantizar estabilidad económica y asegurar la transparencia de las elecciones generales de abril de 2026. En línea con ese compromiso, extendió recientemente por 30 días el estado de emergencia que rige en Lima y el Callao para enfrentar al crimen organizado.