El Gobierno de México presentó este martes un plan para coordinar con los 32 estados del país la homologación de la definición y sanción del abuso sexual, recientemente reformado a nivel federal. La iniciativa busca fortalecer la prevención, denuncia y castigo de este delito como parte de una estrategia integral contra la violencia de género, luego del reciente incidente de acoso sufrido por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, explicó que la reforma al artículo 260 del Código Penal Federal redefine el abuso sexual como cualquier acto de naturaleza sexual sin consentimiento, incluyendo tocamientos, roces, exhibiciones o representaciones explícitas. La ley contempla penas de tres a siete años de prisión, multas de 200 a 500 UMA, talleres reeducativos para agresores y servicio comunitario, con agravantes para casos cometidos por servidores públicos, ministros de culto, en situaciones de violencia o con complicidad.

Hasta ahora, 22 estados han presentado iniciativas locales para adecuar sus legislaciones; una ya fue aprobada en comisiones y otras diez se presentarán como acto simbólico por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El objetivo, según Hernández, es que los 32 congresos locales adopten la reforma, garantizando criterios comunes en todo el país.

Ingrid Gómez, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, detalló que la homologación irá acompañada de programas de capacitación para fiscalías y tribunales, así como la colaboración con secretarías de movilidad estatales para reforzar protocolos en transporte público, uno de los espacios donde más se registran agresiones.

Las autoridades destacan que la violencia contra las mujeres es un problema estructural: 70,1 % de las mexicanas de 15 años o más ha sufrido algún tipo de violencia y casi la mitad ha enfrentado violencia sexual. Por ello, el gobierno también impulsa campañas permanentes contra el abuso sexual y la violencia digital, así como mensajes dirigidos a hombres para promover un cambio cultural, recordando que la lucha “no es contra los hombres, sino contra el machismo”.

Finalmente, todos los gobernadores del país firmaron 10 compromisos para respaldar y proteger los derechos de las mujeres, consolidando la homologación legal como un paso clave para garantizar justicia y seguridad en todo México.