Los legisladores estadounidenses recibirán este jueves un informe clasificado del almirante Frank “Mitch” Bradley, señalado por presuntamente ordenar un segundo ataque contra sobrevivientes de una operación militar en aguas internacionales el pasado 2 de septiembre. El oficial, actualmente jefe del Comando de Operaciones Especiales de EE.UU., enfrenta crecientes cuestionamientos sobre la legalidad de la acción, ejecutada cerca de Venezuela.

La sesión se produce en medio de una investigación legislativa que examina el papel del secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien habría instruido a las tropas a “matar a todos”, según reveló The Washington Post. Expertos legales advierten que atacar a sobrevivientes podría constituir un crimen, y congresistas de ambos partidos exigen transparencia total sobre lo ocurrido.

Bradley se reunirá con los líderes de las comisiones de Servicios Armados y de Inteligencia del Congreso, quienes buscan esclarecer qué órdenes se dieron y por qué se efectuó un segundo ataque cuando ya se había identificado a sobrevivientes en el agua. Demócratas solicitaron acceso al video completo de la operación, así como a los registros oficiales de órdenes y comunicaciones vinculadas al caso. Aunque los republicanos no han pedido públicamente esos documentos, aseguran que llevarán a cabo una investigación “meticulosa”.

La presión también aumenta sobre Hegseth, respaldado por el presidente Trump pese a las dudas sobre su gestión. El secretario de Defensa ha atribuido la situación a la “confusión de guerra” y mantiene que Bradley actuó con autoridad. Paralelamente, el inspector general del Departamento de Defensa publicará un informe —parcialmente redactado— sobre el uso de la aplicación Signal por parte de Hegseth para coordinar una operación militar en Yemen, acción que pudo haber puesto en riesgo a tropas estadounidenses.

El almirante Bradley, ascendido poco después del incidente, cuenta con una larga trayectoria en operaciones especiales y con apoyo bipartidista en el Senado. Sin embargo, legisladores de ambos partidos coinciden en que, si se confirma que los sobrevivientes fueron blanco del ataque, cualquier responsable en la cadena de mando deberá rendir cuentas. El Congreso también exige acceso a videos, órdenes ejecutivas, inteligencia sobre los presuntos objetivos y criterios utilizados para distinguir combatientes de civiles.

La investigación podría tensar la relación entre los republicanos del Congreso y la Casa Blanca, ya que obtener documentos clave depende del respaldo de legisladores afines al presidente. Entretanto, para críticos como el senador Richard Blumenthal, el caso demuestra los riesgos legales de una campaña militar que —asegura— operó desde el inicio en un “terreno incierto”.